Mau, Maria
EL País hoje
La Vanguardia 23.10-2021
«Bruselas ha exigido a España que alargue el periodo que se emplea para calcular las pensiones para recibir los fondos de recuperación y el Ejecutivo ha aceptado. Esta medida figuró en los borradores del plan que el Gobierno manejaba a finales de 2021, pero el documento final remitido a la capital comunitaria no lo concretó y lo dejó en una redacción ambigua que daba pie a interpretar eso o una alternativa para el impacto en la pensión final de quienes pierden su empleo en los últimos años de su vida laboral. Finalmente, el Operational Agreement o el contrato de implementación del plan de recuperación español que la Comisión Europea y el Gobierno han suscrito es claro cuando fija para finales de 2022 la “entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación”, según puede leerse -en inglés- en el documento divulgado este miércoles. El mismo texto recoge la promesa de aumentar las bases máximas de cotización y, progresivamente, las pensiones máximas. El contrato firmado entre Bruselas y Madrid es un documento que la Comisión suele firmar con los estados miembros cada vez que entrega fondos. En ellos figuran de forma muy detallada y esquemática los compromisos de las dos partes y su cumplimiento es necesario para que vaya llegando el dinero. En este caso son los casi 70.000 millones de euros en subvenciones, es decir, recursos a fondo perdido, para recuperarse el golpe que ha supuesto para la economía la pandemia del coronavirus. Normalmente estos documentos no se hacen públicos, pero en esta ocasión el Ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen tenía especial interés en que saliera a la luz, así que este miércoles por la tarde han divulgado el documento de 346 páginas. En él figuran todas las reformas a las que se compromete España y sus plazos, entre ellas las tres más importantes: la laboral, la de pensiones y la fiscal.
La opción de aumentar el periodo de cómputo de las pensiones es una opción que la Seguridad Social ha barajado desde el principio, aunque esto provocó un importante choque entre el PSOE y Unidas Podemos, las formaciones que integran el Ejecutivo. En los borradores que manejó el departamento que dirige José Luis Escrivá se detalló la posibilidad de aumentar de 25 años a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones. Esto supondría darle continuidad a la reforma de pensiones de 2011 (Governo Rajoy), una medida que la Autoridad Fiscal (Airef) española siempre ha propuesto, ya cuando la dirigía el actual ministro Escrivá. Según esa reforma, el número de años que se toman para calcular la pensión de los nuevos jubilados iba subiendo paulatinamente de los últimos 15 años cotizados por el trabajador a los últimos 25 entre 2013 y 2022. Precisamente lo pactado con Bruselas supondría no detener el contador el año que viene y continuar incrementándolo en 2023, aunque no concreta una cifra.
Aumentar el periodo de cómputo de las pensiones se traduce para la mayoría de trabajadores en una rebaja de la pensión que tendrían al jubilarse. De hecho, en esos borradores que preparó la Seguridad Social en diciembre de 2020 se cifraba en una rebaja media entre el 4,5% y el 3,9% el impacto de esta medida en la reforma de 2011 y calculaba que si se llegara hasta los 35 años la reducción sería del 6,3%. Hay que tener en cuenta que estos números se elaboran sobre supuestos teóricos con uno solo de los parámetros que se utilizan para calcular la pensión, si, por ejemplo, aumenta el sueldo ya cambia el impacto. También se debe destacar que una medida así favorece bastante a quienes pierden su empleo en los últimos años de su vida laboral y no vuelven a encontrar uno, un colectivo que cada vez crece más en el mercado laboral español, especialmente tras los ajustes de plantilla de la crisis anterior.» (El País)
