está vivo e de boa saúde
«Kerem Schamberger ha estudiado comunicación en la Universidad Ludwig Maximilian (LMU) y pretendía comenzar un doctorado el 1 de octubre. En Alemania, los doctorados por lo general se llevan a cabo mediante un contrato laboral que incluye una parte de investigación y otra de docencia en la Universidad en la que se desarrolla.
El joven, de 30 años, no ha podido comenzar aún su relación laboral con
dicha institución porque según un decreto que data de 1972 todos los
funcionarios o personas que trabajan en el sector público han de ser
controladas por el Estado frente a su posible radicalismo, para lo cual
deben presentar una aprobación del servicio secreto alemán interno (lo
que vendría a ser el CNI español).
La razón es que Schamberger no solo es comunista, sino
que además es portavoz del partido comunista alemán DKP en Múnich. A
pesar de que es un partido legal, se encuentra bajo vigilancia de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (el Verfassungsschutz), que lo califica de extremista.
La Universidad conocía la norma y la posición de Kerem en el partido
comunista, por lo que pidió a las autoridades dicho consentimiento ya en
julio. Sin embargo, este organismo aún no se ha pronunciado sobre la
fiabilidad ideológica de Schamberger, con lo cual no ha podido comenzar a
trabajar hasta el momento. Según el profesor Michael Meyen, que lleva
la tesis de Kerem, en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung, éste
ha sido un alumno excelente y asegura que tiene interés en contratarle
“no porque sea comunista, ni tampoco a pesar de ello”.
Para Kerem, se trata de una exclusión práctica de la función docente
para los comunistas. Y ello supondría un hecho anticonstitucional, ya
que la Carta Magna alemana garantiza la elección libre de una profesión.
Schamberger asegura a este diario que de esta forma “se demoniza a los
comunistas”, y explica que esta medida sirve como forma de intimidación:
“Conozco a jóvenes que querían entrar en el partido pero que se lo
piensan dos y tres veces antes de hacerlo, porque saben las
consecuencias que puede tener en el caso de querer hacer carrera en el
sector público”, asegura.
Schamberger explica además
que en los últimos días, desde que se hizo pública la noticia, ha
recibido numerosas muestras de solidaridad, desde los partidos políticos
socialdemócrata SPD, Los Verdes (Die Grüne) y La Izquierda (Die Linke),
así como de los sindicatos.
Herta Däubler-Gmelin, abogada de Kerem y ministra de Justicia entre 1998 y 2002– ha declarado al Süddeutsche que
la actuación del servicio de protección a la Constitución “seguramente
no es legal”. A raíz del suceso, se debatirá en el parlamento regional
de Baviera la idoneidad de dicha ley, creada en el contexto de la guerra
fría.
Las autoridades han comunicado a la prensa que
no se pueden dar a conocer datos del caso por cuestiones de privacidad
del afectado, así como que en ocasiones se tarda más tiempo en recibir
una respuesta a este tipo de consultas porque hay que “comprobar todos
los hechos”.
Esta no es la primera vez que Kerem
Schamberger se ve en apuros por sus ideas políticas. En 2014 el
Commerzbank cerró sin previo aviso su cuenta bancaria, como se contó en
este medio. Kerem veía detrás de esta acción asimismo una motivación política y cómo no pudo hacer nada para impedirla.
Limpieza ideológica de facto
El llamado “Decreto de los radicales” (Radikalenerlass, en alemán) fue
promulgado en 1972 bajo el Gobierno de Willy Brandt. En dicha ley se
especifica que la fidelidad al orden constitucional actual debe ser un
requisito para poder trabajar en el sector público. Pertenecer a una
organización catalogada por el servicio secreto interno alemán como
peligrosa para dicho orden era excluyente de la función pública.
Ya en los 50 y 60 algunos candidatos a funcionarios fueron rechazados,
pero a partir de entonces se mencionaba dicho requisito explícitamente.
La guerra fría no solo continuaba su curso, sino que se acentuaba. De
ahí que el Estado alemán pretendiese de ese modo acabar con todo tipo de
influencia de su enemigo comunista en el interior del Estado.
La prohibición de ejercer una profesión pública por motivos políticos
afectó durante décadas a personas que pretendían trabajar por ejemplo
como profesores o como conductores de tren, ya que a estas profesiones
se accedía únicamente a través del empleo público. Desde que la ley se
creó hasta 1991 alrededor de 1,4 millones de personas tuvieron que pasar
por dicho proceso de control.
Esta praxis fue muy
criticada en el interior de Alemania, así como en el exterior. En
Francia por ejemplo François Mitterrand, el entonces presidente del
partido socialista, se opuso a dicha ley. Las personas afectadas por el
decreto continúan aún hoy reclamando una reparación y rehabilitación de
su función pública.
Después de la caída del muro de
Berlín, en el este de Alemania hubo una auténtica limpieza en el
profesorado, desde infantil a universitario. Cientos de profesores
fueron despedidos por su relación con el comunismo. Muchos
investigadores se marcharon al extranjero a otras universidades, otros
se reciclaron en la empresa privada con otras profesiones. La democracia
de mercado de la Alemania reunificada demostraba en aquel momento muy
poca flexibilidad.
Aunque la legislación continúa
vigente, en cada Estado alemán se aplica de forma diferente. Por una
parte existe la autocensura de la que hablaba Kerem Schamberger más
arriba, en el sentido de que las personas que ya saben desde muy pronto
que quieren dedicarse a la función pública no suelen formar parte
oficial en organizaciones vigiladas. Por otro lado, la justicia ha ido
dando la razón en parte a quien se ha mostrado contrario a que siga
vigente una ley creada en un contexto muy diferente al actual.
En 1995 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el Estado
alemán había actuado en contra de los artículos 10 y 11 de la Convención
Europea de Derechos Humanos al haber suspendido a una maestra por el
mero hecho de pertenecer al partido comunista DKP. Dichos artículos
garantizan la libertad de opinión y reunión. La maestra Dorothea Voigt
recuperó su empleo y el Estado alemán fue condenado a pagar una multa.
En 2004 el profesor de instituto Michael Csaszkóczy fue suspendido de
la función pública por sus actividades como activista antifascista. A
pesar de no haber sido condenado por crimen alguno, durante 25 años el
servicio secreto le tuvo sometido a vigilancia y en 2004 le despidieron
por formar parte de la comitiva de la asociación Rote Hilfe, que se
encarga de ofrecer ayuda jurídica a activistas cuando se encuentran con
problemas legales.
En 2007 Csaszkóczy ganó un juicio y
volvió a su puesto como profesor. Seguramente Kerem conseguirá su
puesto en la Universidad, pero el tufillo a guerra fría y a las dos
Alemanias no ha desaparecido del todo en el país.»
